Por José Manuel Martínez
El 4 de diciembre de 2024, se dio inicio en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago, Chile, a la Sexagésima Sexta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. El evento contó con la participación de Ministras y Altas Autoridades de los Mecanismos Nacionales para el Adelanto de las Mujeres de la región, así como de especialistas y representantes de la sociedad civil.
Las delegadas en Santiago acordaron fortalecer la institucionalidad para la igualdad de género en la región, jerarquizando los mecanismos para el adelanto de las mujeres como los encargados de las políticas de igualdad y autonomía. Se subrayó la necesidad de integrar la perspectiva de género en todos los niveles de gobierno, asegurar más recursos y garantizar presupuestos con enfoque de género, así como un seguimiento y rendición de cuentas con participación ciudadana. Este compromiso se consolidó con la aprobación de la hoja de ruta para la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer, que se celebrará en México del 12 al 15 de agosto de 2025. En la reunión de la Mesa Directiva, se definieron una serie de actividades a nivel regional y subregional, en colaboración con gobiernos, académicos, parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil.
Durante la Conferencia, Ana Güezmes García, Directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, presentó el documento Acción para la igualdad, el desarrollo y la paz en América Latina y el Caribe: proyecto de informe regional sobre el examen de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing a 30 años de su aprobación en sinergia con la implementación de la Agenda Regional de Género.
El informe, plantea que para lograr la igualdad de forma contundente para el 2030 se necesitan medidas urgentes que agilicen la implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y de la Agenda Regional de Género, reforzando la institucionalidad de los Mecanismos para avanzar en la igualdad de género, integrando la perspectiva de género en todos los niveles de gobierno y poderes del Estado, y asegurando un aumento en la asignación de recursos. Esto abarca la planificación presupuestaria con enfoque de género, el seguimiento y la rendición de cuentas con participación ciudadana, y la cooperación para el desarrollo.
En América Latina y el Caribe, la mitad de las mujeres están fuera del mercado laboral, mientras que la participación de los hombres se acerca al 75 %. Además, las mujeres enfrentan una mayor pobreza: por cada 100 hombres en situación de pobreza, hay 118 mujeres, y en la pobreza extrema, 120 mujeres por cada 100 hombres. La feminización de la pobreza es aún más grave en las poblaciones indígenas, afrodescendientes y rurales. Asimismo, las mujeres dedican casi el triple de tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.
Aunque se han logrado avances en áreas como la representación política, la paridad en la educación, la integración de la perspectiva de género en las políticas climáticas y la lucha contra la violencia de género, la igualdad sustantiva sigue siendo una meta pendiente en la región. Por ejemplo, en el poder legislativo nacional, las mujeres ocupan solo el 35,8 % de los escaños, y en 2023, representaban el 27,2 % de los puestos electos en órganos deliberativos locales, frente al 35,5 % a nivel mundial.
En cuanto a la violencia de género, al menos 11 mujeres fueron víctimas de femicidio/feminicidio cada día en la región durante 2023. Las niñas y adolescentes son especialmente vulnerables, enfrentándose a matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas. En 2022, el 4 % de las mujeres se casaron o establecieron una unión antes de los 15 años, y el 21,2 % lo hizo antes de los 18 años.
Las delegadas también acordaron fortalecer el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG), actualizando estadísticas y creando un repositorio normativo para facilitar el seguimiento de la Agenda Regional de Género y la Agenda 2030. También aprobaron la Declaración de las Ministras y Altas Autoridades de los Mecanismos Nacionales para el Adelanto de las Mujeres, que se presentará en el 69º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. En ella, se reconocieron los avances y desafíos en la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing.
A la reunión asistieron 27 delegaciones gubernamentales (17 de América Latina y 6 del Caribe, además de España, Estados Unidos, Canadá y Noruega), representantes de 10 organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales y de cooperación, junto a más de 200 representantes de la sociedad civil. En total, participaron cerca de 350 personas.
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